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Tras el anuncio por parte del Gobierno de limitar los incrementos de precio de los alquileres al 2 % a partir de mañana 1 de abril, desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios entendemos que es una medida que va a conseguir equilibrar el mercado y ser útil para paliar los efectos de la inflación. Nos parece una medida oportuna y diligente y que equilibra el mercado, y estimamos que ninguna de las partes va a sufrir una merma importante y de esta forma, podamos conseguir entre todos evitar, en la medida de lo posible, los desequilibrios que el incremento tan importante del IPC está generando.

Esta decisión, mediante la cual se establece que, en algunos casos, las subidas de precio de los alquileres durante los próximos tres meses no podrán ser superiores a un 2 %, va a suponer que, siempre y cuando no se pacte lo contrario, las personas que vivan de alquiler y tengan que renovar su  contrato durante los próximos tres meses no sufran incrementos superiores ni acordes al IPC (tal y como se establece en la Ley de Arrendamientos Urbanos), el cual se situó en el mes de febrero en el 7,6 %. De esta forma, el Gobierno desvincula los contratos de alquiler al IPC y los une al Índice de Garantía de Competitividad europea, el cual no puede superar el 2 %.

El Gobierno ha decidido poner en marcha esta medida, desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio, ante el imparable crecimiento del IPC de los  últimos meses. Con ella, se pretende que ninguna actualización de la renta de alquiler pueda superar el 2 % del precio establecido por contrato, teniendo en cuenta que en la mayoría de los contratos de alquileres se establece la posibilidad de que el arrendador pueda revisar anualmente el alquiler en base al IPC. Así, arrendador e inquilino podrán pactar un incremento del precio del alquiler de la vivienda arrendada que, en ningún caso, podrá ser superior a ese 2 % y que deberá ser de este porcentaje en caso de que no se llegue a acuerdo entre las partes.

Sin embargo, desde AVACU entendemos que esta limitación temporal, ya que la medida únicamente va a afectar a aquellos contratos que se revisen en los meses de abril, mayo y junio, no debería ser tal y la misma debería ampliarse, como mínimo, hasta finales de año, y más teniendo en cuenta la situación actual de incrementos en diferentes sectores que afectan de forma directa a la economía de las familias (electricidad, cesta de la compra, carburantes...) y que les está generando cada vez más dificultades para poder llegar a fin de mes.

En palabras de Fernando Móner, "nos gustaría que se adoptasen muchas más medidas que ayudasen igualmente a, por una parte, intentar controlar la inflación y, por otra, a que las familias puedan hacer frente a los diferentes aumentos de precio en diversos sectores".